El nuevo impuesto turístico para extranjeros en Puerto Vallarta no cuenta con infraestructura de cobro ni métodos de pago definidos. Tras su entrada en vigor el pasado 1 de marzo, ni en el aeropuerto, terminales marítimas o la aplicación móvil se aplica el cobro de 141 pesos por visitante.
María de los Ángeles Huízar Sánchez, especialista en turismo y desarrollo sustentable del Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA), consideró que la falta de infraestructura para el cobro podría generar molestias entre los turistas y, en la sociedad, incertidumbre por el uso de los recursos sin una perspectiva social clara.
“En otros países, la recaudación de este impuesto busca compensar el impacto social y ambiental del turismo. Pero en Puerto Vallarta no se menciona el rezago social en educación, salud, transporte público, y lo que podamos sumar. Sorprende la falta de una estrategia que garantice beneficios para la comunidad”.
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Impacto del turismo en Puerto Vallarta
Ciudades del mundo, como Venecia, Roma o París reciben más de 30 millones de turistas al año y cobran impuestos para mitigar el impacto de la actividad. Puerto Vallarta recibe sólo 6 millones de turistas anuales, y a decir de la investigadora: “Aún no se advierten problemas tan graves como en esas ciudades. Entonces ¿Cuál es el objetivo real de este impuesto?”, cuestiona Huízar Sánchez.
El gobierno municipal estima recaudar entre 250 y 300 millones de pesos (de 12 a 14 millones de dólares) alcanzando al 30 por ciento de los visitantes, es decir, 1.8 millones de nuevos contribuyentes.
Se trata del primer gobierno vallartense que introduce un impuesto por uso de infraestructura.
“Es el primer gobierno que aplica un gravamen de este tipo. Resultó controversial porque hace poco se empezó a cobrar el impuesto al hospedaje en plataformas digitales”, explica la académica.
A pesar de la negociación de la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco-Servytur) para suspender el impuesto a pasajeros de cruceros, el gobierno de Luis Munguía sigue adelante con esta nueva tarifa.
El gobierno federal había propuesto un gravamen de 42 dólares para pasajeros de cruceros, vigente del 1 de enero al 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Concanaco-Servytur intervino para evitar afectar la llegada de visitantes a destinos como Cozumel, Acapulco, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta.
Impuesto turístico no beneficiaría directamente a los habitantes de Puerto Vallarta
De acuerdo con el portal de noticias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el recurso se destinará al mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos municipales. En específico, en las zonas turísticas como el centro histórico, franja turística, Zona Romántica, avenida de ingreso y el malecón. Sin embargo, no hay garantía de un beneficio directo para la población.
“¿Qué pasará con la comunidad? ¿Cómo se retribuirá por los recursos naturales sacrificados para el desarrollo turístico? No hay una estrategia en beneficio de la comunidad y al medio ambiente”, cuestiona la investigadora.
El turismo es la principal actividad económica del puerto y su crecimiento es desigual con el crecimiento de la ciudad, las desigualdades socioeconómicas y la segregación social en Puerto Vallarta.
Desde 2010, estudios como Segregación socioespacial en ciudades turísticas, el caso de Puerto Vallarta, México de Enrique Pérez–Campuzano han documentado los problemas derivados del crecimiento acelerado y falta de infraestructura adecuada, la falta de empleos de calidad llevaron a la separación espacial de grupos sociales.
Una investigación del 2020 del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas reveló que el 59.2% de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) en Puerto Vallarta presentan marginación y segregación social, afectando a casi la mitad de la población. Las zonas turísticas y las más desfavorecidas están en extremos opuestos del municipio, zonas turísticas y marginales, éstas últimas con las peores condiciones en la periferia.
De acuerdo con Huizar Sánchez, el malestar social se concentra en problemas como la salud, la educación, el transporte y la precariedad laboral de personas empleadas en el turismo.
“Los empleos del sector turístico son los más precarios. En otras ciudades, los impuestos buscan mitigar estos problemas, pero aquí no se menciona nada de eso”.
Sin infraestructura de cobranza, el camino a la burocracia
A pesar de la premura por implementar el impuesto —aprobado el 18 de noviembre de 2024, turnado al Congreso del Estado de Jalisco y ratificado el 12 de febrero de 2025—, todavía no existen módulos en la terminal aérea y marítima ni una aplicación móvil que agilice el proceso.
“El cobro podría generar molestias entre los turistas, quienes ya pagan tarifas aéreas, peajes e impuestos de salida en sus países”, apunta Huízar Sánchez
Además, la falta de claridad podría afectar a quienes visitan el puerto por pocas horas como los pasajeros de cruceros.
“Hay que considerar la agilidad con que se lleve el mismo: si estamos pensando en que los cruceros permanecen unas horas y más si no tenemos un sistema de cobro ágil”, comentó.
La académica consideró la propuesta como muy aventurada sin una estrategia que resuelva los inconvenientes de la vida cotidiana como las aglomeraciones del aeropuerto o los tiempos de anclaje de los cruceros.
“Se deberá considerar el movimiento del aeropuerto en las horas pico y conocer cómo funciona la logística del mismo, es decir, se tendrá que afinar la estrategia para agilizar el cobro para que no se convierta en un conflicto para el turista”, advierte la especialista
Los exentos del pago incluyen niños y niñas menores de 14 años de edad, personas con discapacidad, guías turísticos, operadores de tours, personal de aerolíneas y cruceros, así como trabajadores extranjeros del sector.
Empresarios negocian control de impuesto
El impuesto turístico no figuraba en la agenda del entonces candidato del Partido Verde Ecologista, Luis Munguía González. Sin embargo, dos meses después de asumir la alcaldía, el 13 de noviembre de 2024, la Comisión de Hacienda, presidida por el propio alcalde, presentó la propuesta.
Inicialmente, el gravamen propuesto era de 2.5 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y otro impuesto por saneamiento. Pero tras una reunión a puerta cerrada con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el Consejo Consultivo y la COPARMEX Puerto Vallarta y empresarios, se redujo a 1.25 UMAS y se eliminó el impuesto por saneamiento.
Además, las cúpulas empresariales propusieron la creación de un fideicomiso compartido entre el gobierno y la iniciativa privada, excluyendo la participación ciudadana de otros sectores como organizaciones sociales.
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Sociedad civil, ausente en la administación de fideicomisos
La Coparmex de Puerto Vallarta ha insistido en diversificar la administración del fideicomiso con la inclusión de la representación ciudadana, no sólo entre el empresariado y el gobierno municipal.
“No vemos la inclusión de los ciudadanos, asociaciones civiles y, en suma, de todos los otros actores que deben participar en la toma de decisiones del destino del impuesto. Hace una revisión en este tema y otros grupos alcen la voz y soliciten su espacio de participación”, dijo la investigadora.
Huízar González enfatizó que Puerto Vallarta carece de un plan de desarrollo turístico claro, a diferencia de destinos como Cancún, donde sí existe una estrategia definida.
“La falta de dirección genera incertidumbre entre los ciudadanos, quienes desconocen el objetivo del nuevo impuesto turístico y el rumbo que tomará la ciudad. Sin eso, los ciudadanos estamos a ciegas porque no sabemos la dirección que trazan las autoridades con estas decisiones”, concluyó Huízar Sánchez.
La implementación del impuesto turístico en Puerto Vallarta plantea más preguntas que respuestas. ¿Este impuesto realmente beneficiará a la comunidad o sólo añadirá más burocracia al turismo, ampliando la brecha con la población local?