Por: Viridiana Lázaro*
*Campañista de Océanos Sin Plásticos de Greenpeace
Proteger la biodiversidad no es una consigna ambientalista, es una condición mínima para la supervivencia humana. Así fue reconocido por las Naciones Unidas cuando bajo el marco del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en 2022 se estableció el objetivo 30×30 acordado por todos los gobiernos para proteger al menos el 30% de los océanos y territorios para 2030, que en la práctica significa conservar alrededor de 11 millones de kilómetros cuadrados de océano cada año. Esto solo es posible con la rápida aplicación del Tratado Global de los Océanos que entra en vigor el 17 de enero del 2026.
Este Tratado es uno de los acuerdos internacionales de conservación más importantes de la historia y el primero dedicado específicamente a la protección de la vida marina en aguas internacionales.
Sin embargo, este gran logro no ocurrió de la noche a la mañana sino que tomó casi veinte años de trabajos preparatorios y negociaciones. Su adopción formal en la sede de las Naciones Unidas el 19 de junio de 2023 representó un triunfo del multilateralismo en un mundo atravesado por conflictos geopolíticos, guerras y desconfianza entre Estados. En ese sentido, el Tratado no solo protege océanos y su biodiversidad, también nos demuestra que la cooperación global aún es posible cuando está en juego la viabilidad de la vida en el planeta como la conocemos.
El hábitat más grande de la tierra: sobreexplotado, contaminado y en el vacío político
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La alta mar, las aguas más allá de la jurisdicción nacional, abarca el 61% de los océanos del mundo y constituye el hábitat más grande de la Tierra. Alberga millones de especies, algunas que ni siquiera se han descubierto, ecosistemas únicos y procesos biogeoquímicos esenciales para regular el clima, capturar carbono y sostener las cadenas alimentarias globales. Sin embargo, también es un espacio históricamente gobernado por el vacío político, sobreexplotado por la pesca industrial, contaminado por plásticos y desechos tóxicos, y cada vez más amenazado por la nueva minería submarina.
Pero esta crisis de la alta mar no es solo ambiental, sino profundamente política. Durante décadas, los beneficios de su explotación han sido privatizados por unos pocos actores industriales, mientras que los costos ambientales y sociales se distribuyen de manera desigual entre comunidades costeras, pueblos indígenas y generaciones futuras. En este contexto, los santuarios oceánicos, particularmente los que son altamente y totalmente protegidos, así como libres de actividades destructivas, surgen como una herramienta de justicia ambiental.
Estos santuarios son sumamente importantes porque crean espacio para que la vida marina se recupere y prospere, fortalecen la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, protegen enormes reservas de carbono azul y salvaguardan los alimentos y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. No se trata de cerrar el océano, sino de garantizar que siga siendo funcional, diverso y productivo a largo plazo, para las futuras generaciones.
Volutad política y participación social para el éxito del Tratado
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Una parte importante del Tratado es que incorpora principios clave del derecho ambiental internacional. Por ejemplo, el artículo 7 hace referencia explícita al principio de prevención y al principio de “quien contamina paga”, mientras que su preámbulo afirma que nada en el acuerdo disminuirá o extinguirá los derechos existentes de los pueblos indígenas.
Esto no es una cosa menor, pues reconoce que la conservación no puede avanzar reproduciendo antiguas lógicas coloniales de exclusión, sino integrando derechos, conocimientos y justicia social.
No obstante, el reloj no para. Por lo que tenemos que actuar rápido, ésto implica identificar y preparar propuestas sólidas de áreas marinas protegidas candidatas para ser aprobadas en la primera Conferencia de las Partes (COP). Entre ellas destacan regiones de alto valor ecológico como los Montes Submarinos Emperador del Pacífico Norte, el Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte y el sur del Mar de Tasmania, Elevación de Lord Howe en el hemisferio sur.
Para que estas propuestas no queden en el papel es urgente desarrollar las funciones ejecutivas del Tratado. Se tiene que establecer la Conferencia de las Partes, un Órgano Científico y Técnico independiente, órganos subsidiarios, un mecanismo de intercambio de información y una secretaría operativa. Sin esta arquitectura institucional, esta gran victoria podría convertirse en un gran fracaso.
El Tratado es un instrumento decisivo para proteger al menos el 30% de los océanos para 2030. Pero su éxito dependerá de la voluntad política de los Estados y de la presión constante de la sociedad civil, la comunidad científica y los pueblos que dependen del mar. La alta mar ya no puede seguir siendo tierra de nadie. Es patrimonio común de la humanidad y su protección es, en última instancia, una cuestión de supervivencia colectiva.